El rumbo económico empieza a mostrar señales claras de desgaste. El dato más sensible aparece en la conexión entre presente y futuro electoral: mientras un 63% pide cambios en el plan económico actual, 6 de cada 10 anticipan que la economía será determinante para definir su voto en 2027. La economía doméstica también muestra señales críticas: más del 85% afirma que su salario pierde contra la inflación.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora muestra que el malestar económico ya no se expresa sólo como una evaluación negativa sobre el país, sino como una experiencia directa sobre la vida cotidiana de los hogares. El 59,5% considera que la situación económica nacional es mala o muy mala, pero el dato más delicado aparece cuando esa mirada se traslada al plano personal: el 42,4% también evalúa negativamente su propia situación económica. Esa diferencia es clave porque la economía del país puede ser leída como diagnóstico general, pero la economía personal se mide en ingresos, consumos, cuentas a pagar y capacidad para sostener el mes. Cuando casi la mitad de la población ya ubica su situación individual en terreno negativo, el ajuste deja de ser una abstracción macroeconómica y pasa a formar parte de la administración diaria del hogar.
El informe también marca una fuerte distancia entre los datos oficiales y la percepción social de los precios. El 70,6% de los encuestados considera que el dato de inflación publicado por el INDEC no refleja adecuadamente la variación de precios que percibe en su vida cotidiana, mientras que el 85,1% afirma que su salario no le está ganando a la inflación. La combinación de ambos datos muestra que el problema no es únicamente la inflación, sino la relación entre precios, ingresos y credibilidad. Para una mayoría el salario sigue corriendo detrás del costo de vida y eso debilita la capacidad del dato oficial para ordenar la experiencia económica. La percepción de pérdida se vuelve todavía más visible según los estratos sociales: 50,7% se identifica como clase baja o media baja, lo que implica que más de la mitad de los encuestados se percibe en los segmentos más vulnerables de la estructura social.
La presión sobre la economía doméstica también aparece en la capacidad de llegar a fin de mes. Según el MOP, el 64,4% llega como máximo hasta el día 20 con sus ingresos, lo que refleja que la restricción no se concentra solamente en los últimos días del mes, sino que se instala antes y obliga a reorganizar consumos, postergar gastos y ajustar decisiones familiares. Incluso entre los votantes oficialistas de 2025, el 66,2% sostiene que su salario no le gana a la inflación, un dato políticamente sensible porque muestra que el malestar económico atraviesa también al propio electorado de La Libertad Avanza. La diferencia no está en la existencia del problema, sino en su interpretación: mientras en la oposición tiende a transformarse en rechazo al rumbo económico, dentro del oficialismo todavía puede convivir con apoyo político, aunque bajo una tolerancia cada vez más condicionada.
Rumbo al 2027
El MOP también muestra que el debate sobre el rumbo económico empieza a proyectarse directamente sobre el escenario presidencial de 2027. Ante la pregunta sobre qué debería hacer el Gobierno con el plan económico actual.
El 63% de los encuestados respondió que debería cambiarlo, mientras que el 34,8% sostuvo que debería mantenerlo. La lectura política es clara: el plan conserva una base de apoyo relevante, pero enfrenta una mayoría social que ya demanda algún tipo de corrección. No se trata necesariamente de un rechazo completo al Gobierno, sino de una señal de desgaste sobre la estrategia económica vigente, en un contexto donde el malestar cotidiano aparece asociado a salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para llegar a fin de mes.
Proyectando hacia 2027, esa discusión empieza a transformarse en criterio electoral. El 28,3% afirma que definirá su voto por la situación económica del país, el 17,9% por el cambio de rumbo y el 14,2% por la situación económica de su hogar. En conjunto, esos factores muestran que más de 6 de cada 10 electores miran la próxima presidencial desde una clave económica, ya sea por el rumbo general, por el impacto sobre su economía personal o por la expectativa de una corrección del modelo. La continuidad del gobierno actual, en cambio, aparece como principal factor para el 15,8%, lo que confirma que la elección no se perfila únicamente como una disputa de liderazgos o pertenencias partidarias, sino como un plebiscito sobre resultados económicos concretos.
De cara a las reformas electorales que comenzarán a debatirse en el Congreso de la Nación, el 46,1% de los encuestados considera que las PASO deberían eliminarse, mientras que otro 14,6% cree que deberían mantenerse, pero sin carácter obligatorio. El dato marca una señal relevante: existe una mayoría social abierta a revisar el funcionamiento del sistema electoral, ya sea por rechazo directo a las PASO o por una demanda de menor obligatoriedad y menor carga institucional sobre el votante.
La división aparece con más fuerza cuando se observa el corte político. Entre votantes oficialistas, la eliminación de las PASO encuentra mayor adhesión, en línea con una mirada más favorable a simplificar el calendario electoral y reducir instancias de competencia previa. Entre votantes opositores, en cambio, crece la resistencia a eliminarlas, probablemente porque las primarias son vistas como una herramienta para ordenar candidaturas, ampliar participación y evitar decisiones cerradas por las dirigencias partidarias. Así, el debate sobre las PASO deja de ser sólo una discusión técnica y pasa a expresar una diferencia política más profunda sobre cómo debería organizarse la competencia de cara a 2027.
